OPINION

El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Seccional Duarte, expresa su preocupación y condena la decisión adoptada por el general Julio César Acosta, titular del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional, de impedir el acceso de periodistas al cuartel policial de San Francisco de Macorís, sin ofrecer explicación, motivación ni justificación alguna a los representantes de los medios de comunicación.

Entendemos que esta actuación constituye una acción incompatible con los principios democráticos y con las garantías consagradas en el artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, el cual establece el derecho a la libertad de expresión e información y reconoce el libre acceso de los medios a las fuentes noticiosas de interés público.

Asimismo, recordamos que la Ley No. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública, promueve la transparencia de las instituciones del Estado y fortalece el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada, mientras que la Ley No. 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, protege el ejercicio responsable y libre del periodismo en nuestro país.

Queremos dejar claramente establecida nuestra preocupación ante la prohibición general de acceso a periodistas, aplicada sin explicaciones ni fundamentos conocidos, lo que genera un precedente preocupante para el ejercicio de la libertad de prensa.

Hacemos un llamado a las autoridades civiles, especialmente a la gobernadora Civil y Provincial Doña Xiomara Cortez para que, como representante del presidente de la República, comandante en Jefe de las FA y la PN, a fin de que intervenga en calidad de máxima autoridad provincial para que, en este Estado democrático, donde la libertad de prensa está consagrada, sé garantice el trabajo de los y las periodistas en fiel cumplimiento de la Constitución y las leyes dominicanas.

También, llamamos de manera firme al general Julio César Acosta para que reconsidere esta medida violatoria al ejercicio de la prensa e inicie una relación de respeto y cooperación con los medios de comunicación de la región, en apego a la Carta Magna, las disposiciones legales y los principios democráticos que rigen nuestro Estado de derecho.
Ante las circunstancias que motivan esta declaración pública, hemos sido invitados por el general a un diálogo en los próximos días y queremos creer que esta es una respuesta que implica por su parte una reflexión de los hechos. El CDP seccional Duarte, reitera de todas formas los términos de la misma y mantiene la postura aquí expresada que es, la de defensa de la Constitución, las leyes y el trabajo digno del periodista que lo hace con respeto.

El periodismo, la prensa libre, responsable y comprometida constituye un pilar esencial de la democracia y no puede ser objeto de restricciones arbitrarias ni de obstáculos que limiten su labor de informar a la ciudadanía.

Directiva Seccional Duarte
Colegio Dominicano de Periodistas

Por Jordis de Peña

Nadie cierra un acceso a una playa pública en República Dominicana sin respaldo de poder. Eso no ocurre por iniciativa individual. Quien está detrás de eso cuenta con apoyo político, económico y probablemente respaldo institucional desde niveles superiores. Puede que no haya un papel visible, pero hay autorización efectiva.

Porque seamos claros: si cualquier ciudadano común se levanta mañana, coloca piedras y cierra el acceso a una playa, en cuestión de minutos lo obligan a quitar todo y enfrenta consecuencias legales. No hay tolerancia cuando no hay padrinazgo.

La diferencia no es la ley. Es el poder.

Y si las autoridades municipales o provinciales no actúan con firmeza ni se pronuncian con claridad, no es por desconocimiento. Es porque ya hubo línea bajada desde arriba. En este país, cuando el poder habla, muchos callan.

Aquí no está en juego solo un camino. Está en juego la institucionalidad. Porque cuando la ley no es el factor determinante, sino la fuerza política y económica, lo que termina imponiéndose no es el derecho, sino la correlación de poder.

En República Dominicana no existe un Estado de derecho que funcione de manera uniforme. Se aplica de forma selectiva y arbitraria. Las normas no son el límite real. Lo que manda es quién tiene más poder, más relaciones y más influencia.

Y esto no es un caso aislado. Así es como opera el sistema una y otra vez.

En ausencia de instituciones fuertes, la disputa no se resuelve jurídicamente. Se resuelve por quién ejerce más presión: el pueblo o el otro bando.

Eso no es Estado de derecho. Eso es poder contra poder.