Por rdtendencia 
Por Jordis de Peña
Nadie cierra un acceso a una playa pública en República Dominicana sin respaldo de poder. Eso no ocurre por iniciativa individual. Quien está detrás de eso cuenta con apoyo político, económico y probablemente respaldo institucional desde niveles superiores. Puede que no haya un papel visible, pero hay autorización efectiva.
Porque seamos claros: si cualquier ciudadano común se levanta mañana, coloca piedras y cierra el acceso a una playa, en cuestión de minutos lo obligan a quitar todo y enfrenta consecuencias legales. No hay tolerancia cuando no hay padrinazgo.
La diferencia no es la ley. Es el poder.
Y si las autoridades municipales o provinciales no actúan con firmeza ni se pronuncian con claridad, no es por desconocimiento. Es porque ya hubo línea bajada desde arriba. En este país, cuando el poder habla, muchos callan.
Aquí no está en juego solo un camino. Está en juego la institucionalidad. Porque cuando la ley no es el factor determinante, sino la fuerza política y económica, lo que termina imponiéndose no es el derecho, sino la correlación de poder.
En República Dominicana no existe un Estado de derecho que funcione de manera uniforme. Se aplica de forma selectiva y arbitraria. Las normas no son el límite real. Lo que manda es quién tiene más poder, más relaciones y más influencia.
Y esto no es un caso aislado. Así es como opera el sistema una y otra vez.
En ausencia de instituciones fuertes, la disputa no se resuelve jurídicamente. Se resuelve por quién ejerce más presión: el pueblo o el otro bando.
Eso no es Estado de derecho. Eso es poder contra poder.
