Federico Rutan

Samaná.- Un juez del Tribunal de Instrucción de Samaná dispuso la libertad de cuatro personas que habían sido apresadas por la Policía Nacional, acusadas de presuntamente invadir terrenos atribuidos a la familia del exalcalde Miguel Bezi Nicasio.

Familiares y allegados de los detenidos se manifestaron frente al Palacio de Justicia, exigiendo su liberación y denunciando que los terrenos en disputa son de propiedad estatal.

Los abogados de la defensa, Juan Pedro Guillandeaux y Vinicio Peña, argumentaron que las detenciones constituyeron acciones irregulares, al no existir claridad sobre la titularidad de los terrenos.

El juez determinó que, antes de proceder con cargos penales, es necesario verificar la titularidad de los terrenos, debido a la controversia existente sobre si estos pertenecen al Estado dominicano o a la familia Bezi.

Miguel Bezi Nicasio no ofreció declaraciones a la prensa en el lugar, alegando motivos de salud.

Este caso pone en evidencia las recurrentes tensiones en la provincia de Samaná en torno a la propiedad de la tierra y la delimitación entre terrenos privados y bienes del Estado.

Samaná.- La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), filial Samaná, denunció el abandono de la Escuela Primaria Eliseo Demorizi, ubicada en el municipio de Santa Bárbara de Samaná, la cual permanece intervenida desde hace tres años por el Ministerio de Educación sin que los trabajos hayan sido concluidos.

Roberto Concepción, presidente de la ADP filial Samaná, afirmó que en el municipio existe una grave crisis educativa debido a la paralización del remozamiento del plantel, presuntamente por falta de pago al contratista por parte del Ministerio de Educación (MINERD).

Esta situación ha generado un fuerte impacto en la comunidad estudiantil, afectando a cerca de 1,200 estudiantes, quienes han perdido docencia debido a que la obra nunca fue finalizada.

El centro educativo presenta un avanzado deterioro físico, con columnas sin concreto, varillas oxidadas y paredes debilitadas. Además, la falta de seguridad ha permitido el saqueo del plantel, incluyendo el robo de puertas y ventanas.

Ante esta problemática, la ADP hizo un llamado a las autoridades educativas para que concluyan la obra y eviten que el sistema educativo continúe colapsando en esta demarcación.

Pedro Jhonson, presidente de las Mesas Comunitarias de la Defensoría del Pueblo, señala al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) por desviar tuberías hacia una cañada local.

Esta acción ha saturado el drenaje, afectando directamente a más de 300 personas.

Lorenzo Baret, presidente de la junta de vecinos de Villa Salma, explica que el problema se originó tras el colapso de tres de las cuatros bombas que dirigían las aguas hacia la planta de tratamiento; actualmente, solo una permanece operativa y es insuficiente lo que a provocados que una tuberías sea dirigida hacia la cañada afectando la zona.

El ex médico legista Emilio Bodden advierte que las aguas residuales y el hedor insoportable se extienden hasta el Malecón de Samaná, lo que representa un riesgo epidemiológico y daña la imagen turística del municipio.

Los comunitarios de Cacaveli 1 y 2 denuncian que esta situación es una continuación de los desbordamientos ocurridos en agosto de 2025.

Pese a las protestas y las promesas del gobierno, las reparaciones necesarias no se han ejecutado.

Los representantes de los Derechos Humanos exigen una intervención inmediata de las autoridades estatales para evitar una tragedia de salud pública mayor en la región.

Por Federico Rutan

Las Terrenas.- Los transportistas del municipio de Las Terrenas, liderados por Aybar Vanderhorst, presidente de la asociación local, y el dirigente choferil Ramón Brito, han denunciado públicamente el incumplimiento de las promesas gubernamentales respecto al sistema de drenaje.

Las inundaciones críticas ocurren principalmente en la entrada del municipio, específicamente en el Bulevar Turístico del Atlántico.

Los denunciantes agregaron que el mal estado de la vía cada vez que llueve dificulta el tránsito y afecta la imagen de este importante destino turístico.
Por lo tanto los trabajadores del volante y comunitarios exigen una solución inmediata y definitiva al problema del drenaje pluvial para evitar que la carretera siga quedando intransitable.

Esta protesta resalta la preocupación del sector transporte ante la falta de infraestructura adecuada para manejar las escorrentías en una de las zonas de mayor crecimiento turístico del país.