Por rdtendencia 
Sosúa, Puerto Plata.– Un grupo de munícipes de Sosúa y Cabarete denunció públicamente presuntas violaciones al Decreto 847-09, así como a diversas normativas de construcción, disposiciones ambientales y planes de ordenamiento territorial, a raíz de la edificación de una estructura de aproximadamente siete niveles en el proyecto denominado “Residencial Vista Mar”, ubicado dentro del proyecto Playa Laguna, en esta importante zona turística del municipio.
De acuerdo con la denuncia, el proyecto Residencial Vista Mar se desarrolla específicamente en la parcela No. 314827897431, registrada a nombre del señor Carlos Torres Torres, ocupando un área aproximada de 900 metros cuadrados. Según los comunitarios, dicho espacio resulta insuficiente para cumplir con los requerimientos básicos establecidos por la normativa vigente, como la habilitación de los parqueos reglamentarios y la construcción de una piscina, elementos que el propio proyecto promueve como parte de su oferta inmobiliaria.
Los denunciantes aseguran que la edificación incumple de manera flagrante las regulaciones establecidas para zonas cercanas a corredores aéreos, representando un riesgo directo para la seguridad de la aeronavegación, en violación al Decreto 847-09, el cual regula las alturas permitidas en áreas bajo influencia aeroportuaria. En ese sentido, advierten que la construcción de una estructura de esta magnitud podría generar situaciones de alto riesgo, comprometiendo tanto la seguridad aérea como la de residentes y visitantes.
Asimismo, señalan que la obra viola la Resolución 01-2015 del Ministerio de Turismo, que establece lineamientos para el desarrollo de proyectos turísticos y residenciales en zonas costeras, así como la Ordenanza 01-23 del Ayuntamiento Municipal de Sosúa, que regula el uso de suelo, los límites de altura y los parámetros de densidad constructiva en el municipio. A estas supuestas infracciones se suman presuntas violaciones a disposiciones ambientales emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Los munícipes también sostienen que el proyecto contradice lo establecido en el Plan de Ordenamiento Municipal (POM), elaborado bajo la rectoría del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, instrumento que busca garantizar un crecimiento urbano equilibrado, sostenible y respetuoso del entorno natural. Según explican, permitir edificaciones que excedan los límites legales sienta un precedente negativo que fomenta el desorden urbano, afecta la planificación territorial y deteriora la calidad de vida de las comunidades.
La denuncia subraya, además, la falta de respuesta de las autoridades competentes. Los comunitarios aseguran haber remitido diversas comunicaciones formales sin obtener contestación, lo que ha incrementado la preocupación y el malestar entre los residentes, quienes perciben una actitud de indiferencia institucional ante una situación que consideran grave y urgente.
Ante este escenario, los denunciantes hicieron un llamado directo al recién designado ministro de Viviendas y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó Haza, para que disponga una inspección inmediata y una revisión exhaustiva del proyecto. De igual manera, apelaron al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez; al director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), ingeniero Igor Rodríguez Durán; y al ingeniero Burgos, representante del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), filial Puerto Plata, para que intervengan conforme a sus respectivas competencias.
Por razones de seguridad personal, los munícipes solicitaron mantener sus identidades en reserva, manifestando temor a posibles represalias. No obstante, reiteraron que su única motivación es la defensa del interés colectivo, la protección del medio ambiente y el respeto a las leyes que regulan el desarrollo urbano y turístico del municipio.
Finalmente, insistieron en la necesidad de que las autoridades municipales y nacionales actúen con firmeza, investiguen las denuncias, determinen responsabilidades y adopten las medidas correctivas correspondientes, a fin de garantizar el cumplimiento del marco legal vigente y preservar la seguridad, el entorno natural y el desarrollo ordenado de Sosúa y Cabarete.
