marzo 21, 2026

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Autoridades y comunitarios plantean inquietudes sobre el tránsito en zonas críticas

Las Terrenas, Samaná. -El director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), general Pascual Cruz Méndez, P.N., realizó un recorrido por el municipio de Las Terrenas, provincia de Samaná, y sostuvo encuentro con la gobernadora provincial, Teodora Mullix Geraldino; el alcalde de Las Terrenas, Eduardo Esteban Polanco; y la procuradora fiscal de Samaná, Erika Pujols, junto a representantes de la Policía Nacional, POLITUR, autoridades civiles y militares, así como personal de la Defensa Civil, Cruz Roja, comunicadores y comunitarios.

El encuentro tuvo como objetivo escuchar sus inquietudes y coordinar acciones conjuntas en favor de la seguridad vial en la zona previo a la Semana Santa 2026. Durante la jornada, los participantes expusieron las principales problemáticas que afectan la circulación, destacando las zonas críticas del tránsito, como La Galera, La Garita y el distrito municipal de El Limón, entre otros.

En ese sentido, el general Cruz Méndez, socializó un mapa con los puntos críticos de la zona para trabajar de manera articulada con las autoridades y la comunidad, a fin de implementar un patrón de circulación durante la Semana Santa, así como la coordinación para el control de los vehículos pesados, medidas que mejoren la movilidad, fortalezcan la prevención y garanticen un tránsito más seguro para residentes y visitantes en Las Terrenas.

Departamento de Comunicaciones DIGESETT

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Mirna Ortiz sostiene que los procesados no han podido con la contundencia de las pruebas del Ministerio Público

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público aseguró este viernes que las defensas de los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y compartes, se contradicen en la exposición de sus argumentos durante la fase final de la audiencia preliminar del proceso por corrupción administrativa que se les sigue en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Al responder preguntas de periodistas que cubren el proceso, la procuradora de corte Mirna Ortiz, responsable de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sostuvo que los procesados no han podido con la contundencia de las pruebas que tiene el Ministerio Público.

“Estamos en la fase final de este proceso. Si todo marcha como ha establecido el tribunal, el próximo miércoles deberíamos estar concluyendo todas las partes y la jueza retirándose a sus ponderaciones para producir la decisión de este proceso”, detalló Ortiz, quien confió en que los jueces dictaran auto de apertura a juicio que evite la impunidad en el caso.

El equipo litigante que representó al Ministerio Público en la jornada de este viernes estuvo encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución; la procuradora de corte Mirna Ortiz, y los fiscales Melbin Romero, Rosa Ysabel, Jhensy Víctor y Rosa Alba García.

“En el día de hoy las defensas estuvieron contrarreplicando; pero, las defensas continúan yéndose por las ramas, queriendo negar aspectos que son claros y evidentes; incluso, contradiciéndose entre ellas mismas, porque real y efectivamente no han podido con la contundencia de las pruebas que tiene el Ministerio Público”, subrayó la titular de la Pepca.

Dijo que evidente e inequívocamente ello dará lugar a un auto de apertura a juicio, “que es la única solución posible en este proceso para que nos veamos entonces en sede de juicio donde las pruebas hablarán por sí solas”.

La jueza Altagracia Ramírez fijó la próxima audiencia para el miércoles 25 de marzo, a las 9:00 de la mañana.

Luego de presentar sus conclusiones de réplica a las barras de la defensa el pasado viernes, el Ministerio Público solicitó al tribunal que todos los procesados sean enviados a juicio por defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes.

Los acusados, quienes fueron apresados por el Ministerio Público con la puesta en marcha de la Operación Calamar, integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.

Además de los exministros de Hacienda, Obras Públicas y administrativo de la Presidencia, Donald Guerrero Ortiz, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta,  entre los encartados en el expediente por corrupción administrativa también figuran: Daniel Omar Caamaño, ex contralor general de la República; Luis Miguel Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional. Asimismo, Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.