Por rdtendencia 
Santo Domingo.– La Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) presentó una propuesta de reforma a la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas (APP), con el objetivo de dotar al país de un marco legal más ágil, eficiente y adaptado a las necesidades de la economía moderna, sin debilitar los mecanismos de control ni la protección del interés público.
La iniciativa fue explicada por el director ejecutivo de la DGAPP, Andrés Lugo Risk, quien destacó que, tras casi seis años de aplicación de la ley, la experiencia acumulada ha permitido identificar oportunidades de mejora técnica y procedimental para acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura y servicios públicos, manteniendo los principios de transparencia, competitividad, responsabilidad fiscal y rendición de cuentas.
Lugo Risk aclaró que las alianzas público-privadas no constituyen esquemas de privatización, sino mecanismos de contratación mediante los cuales el sector privado financia, diseña, construye, opera y mantiene proyectos, mientras el Estado conserva la titularidad de los activos, define los estándares de calidad y realiza pagos en función del desempeño.
La propuesta de reforma mantiene intactos los pilares fundamentales de la normativa vigente, incluyendo la obligación de aprobación congresual para proyectos con impacto fiscal, el retorno de los activos al Estado al finalizar los contratos, la prohibición de hipotecar bienes públicos y la supervisión del Ministerio de Hacienda y del Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas.
Entre los principales cambios planteados se encuentran la simplificación de procedimientos para proyectos de menor complejidad o riesgo, la reducción de plazos en los procesos de licitación, la creación de mecanismos especiales para casos con un solo oferente calificado y la posibilidad de presentar ofertas de manera anticipada. Estas medidas permitirían reducir procesos que hoy tardan más de un año a períodos estimados de cuatro a seis meses.
Asimismo, la reforma fortalece la capacidad técnica del Estado al exigir que las instituciones ejecutoras cuenten con equipos especializados en APP, crear un fondo para estudios de preinversión y consultorías, y formalizar un comité técnico permanente de apoyo al Consejo Nacional de APP.
La iniciativa, impulsada por el presidente Luis Abinader, ha sido ampliamente socializada con actores públicos y privados del sector financiero, empresarial y de infraestructura, incorporando observaciones de bancos, desarrolladores, operadores y expertos, lo que refuerza su legitimidad y credibilidad ante los mercados.
Finalmente, Lugo Risk resaltó que una Ley de APP más eficiente, sin sacrificar los controles, constituye una herramienta clave para transformar comunidades, generar empleos, modernizar los servicios públicos y atraer inversión productiva, consolidando un modelo viable para el desarrollo social y económico de la República Dominicana.
